SÁLVESE QUIEN PUEDA

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“Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez.”-René Descartes.

Vicente Esqueda Méndez | Invitado especial

Con la llegada a México de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX en el gobierno de Enrique Peña, procedente de España donde fue capturado, acusado de los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita; se abre un capítulo más en la vida legal y política de nuestro país.

Todo surgió a raíz de investigaciones contra la empresa constructora Odebrecht, por haber sobornado a políticos de diversos países de Latinoamérica; que, en el caso mexicano, se señala que el dinero fue para apoyar a candidatos del PRI a puestos de elección, y para impulsar en el Congreso de la Unión reformas en materia energética.

Se han filtrado a medios de comunicación, detalles relacionados con la investigación, y la existencia de videos con los que se dice se acredita la comisión de delitos, así como la imagen de las personas que presumiblemente participaron, entre las que supuestamente, se encuentran políticos de diversos partidos.

Se conoce la existencia de un acuerdo con la Fiscalía General para obtener beneficios legales, a cambio de divulgar otros delitos y sus participantes; lo que sido ratificado por el presidente, quien ha dicho que Lozoya tiene el carácter de testigo colaborador, por lo que tendrá ciertas consideraciones.

De acuerdo al concepto de testigo colaborador establecido en el artículo 2, fracción X, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, y lo señalado en los artículos 256 y 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Lozoya deberá dar información esencial y eficaz para perseguir un delito más grave y comparecer a dar su testimonio o aportar otras pruebas.

En audiencia, los abogados defensores argumentaron que Lozoya fue solo un instrumento de un aparato organizado de poder para cometer delitos, y que se había solicitado la aplicación del criterio de oportunidad, para hablar con la verdad y finalmente se haga justicia.

La estrategia legal de Lozoya, es realmente un espectáculo bien organizado, que inició con la aceptación de ser extraditado, continuó con las filtraciones a medios de comunicación, y seguirá con los detalles y nombres de las personas a las que va a involucrar, con el objetivo de verse beneficiado.

Es difícil creer que Lozoya haya sido usado, cuando existen muchos elementos que indican que él fue un beneficiario y un orquestador de diversas estrategias, y sobre todo que a él se le atribuye, haber pedido la remoción de Santiago Nieto, de la FEPADE; sin imaginarse que sería el titular de la UIF.

Queda pendiente saber si le aplicarán el criterio de oportunidad, se extinguirá la acción penal y quedará libre; si su madre y hermana también resultarán beneficiadas, y si se reparará el daño que sufrió el erario público; pero por lo pronto, ya ha ganado con el hecho de no encontrarse privado de la libertad en este momento.

A Lozoya no se le pueda dar plena credibilidad; se le debe juzgar con estricto apego a la ley, y si entrega pruebas contundentes, lo mismo debe hacerse con los involucrados; pero por el bien de México, no se puede permitir, que la impartición de justicia se convierta en un espectáculo, que sólo sirva de distractor de los temas importantes. 

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