Caso de expolicía comunitaria resalta divisiones sobre justicia en carrera presidencial México

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CIUDAD DE MÉXICO, 25 mayo (Reuters) – Una expolicía comunitaria que busca un asiento en el Senado mexicano está defendiéndose de ataques que la etiquetan de “secuestradora”, llamando la atención a propuestas radicales de su aliado, el favorito para ganar las elecciones presidenciales, destinadas a poner fin a la violencia del narcotráfico.

Nestora Salgado, que antes dirigió una fuerza policial informal en el estado suroccidental de Guerrero, dijo que había presentado una demanda por difamación contra el candidato del partido gobernante, José Antonio Meade, tras llamarla “secuestradora” en un debate televisado.

La pelea sobre si Salgado es una heróica activista social o una criminal ha puesto de relieve diferencias más amplias entre los candidatos sobre cómo solucionar los problemas sobre la ley y el orden en México, un tema importante de la campaña rumbo a los comicios del 1 de julio.

Meade, tercer lugar en las encuestas, ha insistido en atacar al izquierdista Andrés Manuel López Obrador y a Salgado. El viernes escribió en un tuit que como presidente aplicaría la ley “sin excepciones… mientras otros optan por la amnistía y se alían con delincuentes”. López Obrador, favorito por amplio margen en los sondeos, está explorando un plan de amnistía criminal para sofocar la violencia, inmediatamente después del año más sangriento en una guerra contra los cárteles de narcotraficantes que ha contabilizado al menos 200,000 homicidios en la última década.

La idea de la amnistía, junto con su respaldo a Salgado y a José Manuel Mireles, exlíder de una policía comunitaria en el estado de Michoacán, es un intento de asegurar los votos de indígenas y otros grupos marginados atraídos por la guerra contra el narcotráfico, dijo Javier Oliva, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Salgado, de 46 años, ayudó a fundar su grupo de policía comunitaria tras presenciar el secuestro y asesinato de un joven taxista en 2012, parte del movimiento de “autodefensas” que creció hace unos años en ciudades que desconfiaban tanto de los delincuentes como de la policía.

El grupo de Salgado fue considerado legal bajo una ley del estado de Guerrero que permite la autoprotección en ciertos casos.

En 2013, Salgado, que cuenta con la doble nacionalidad estadounidense y mexicana, fue arrestada después de que las familias de seis adolescentes acusadas localmente de traficar drogas dijeran que su grupo las había secuestrado y extorsionado.

Salgado pasó dos años y siete meses en prisión, pero un juez federal la absolvió en 2016 de todos los cargos.

En un informe de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México dijo que el arresto de Salgado violó su derecho al debido proceso.

Pero la entidad también denunció que doce presos, incluidos cuatro menores, en Olinalá, la ciudad de Salgado, habían sido víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de grupos de la policía comunitaria.

López Obrador dijo que los ataques de Meade son una “guerra sucia”, y Salgado ha insistido en que es inocente.

“En dos años que yo ya tengo la libertad nunca habían aparecido ni me han hecho ningún ruido hasta ahora que aparezco con la candidatura. Están queriéndome poner la máscara de secuestradora”, dijo.

 

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